Veinte intendentes enrolados en el Frente para la Victoria bonaerense reclamaron, como conclusión del encuentro que tuvieron en la ciudad de Roque Pérez, una urgente aclaración del presidente Mauricio Macri, sobre su participación en el escándalo “Panamá Papers” de sociedades offshore, y en paralelo manifestaron su preocupación frente a la “alarmante precariedad de los elementos judiciales que intentan fundamentar” la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la venta de dólares a futuro del Banco Central, por la que está citada a declarar, en el tramo final de su gestión.
En la segunda reunión del año, los jefes comunales junto a diputados nacionales y provinciales, y referentes territoriales, reafirmaron su “respaldo y compromiso” con CFK como “claro referente y líder natural del espacio político”.
El intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, fue el anfitrión de un cónclave que no ahorró críticas a la gestión del gobierno nacional: “Expresamos nuestra profunda preocupación por el encadenado aumento de tarifas, que sumó al brutal incremento de la luz, una fuerte suba de gas, agua y transporte. Más aún, esta modificación de los cuadros tarifarios de los principales servicios impacta negativamente sobre la estructura industrial – fundamentalmente las PyMES- cuyos costos los dejan fuera de mercado”.
Además, los jefes comunales alertaron que comenzaron a sentir en los municipios “un incremento de las demandas sociales básicas, de manera tristemente inédita para la experiencia de los últimos años”. Y en ese sentido, observaron “el creciente incremento en los pedidos de cupos para los comedores escolares y merenderos de nuestros distritos”.
Como consecuencia de la devaluación operada de enero a marzo, que ponderaron en alrededor del 60%, y su traslado a los precios, “percibimos una dramática caída del consumo en nuestras comunidades y su negativo correlato en la estructura de comercio minorista”.
Advirtieron que una secuela real de esta situación, en varios municipios, es la “baja de comercios”, que “por primera vez en una década, durante el último bimestre, supera a las nuevas habilitaciones”.
Además, los intendentes plantearon su inquietud por “la paralización de la obra pública, la consecuente detención de la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, y el impacto que la misma tiene sobre el empleo”.
En ese sentido, destacaron el “virtuoso proceso de intervención del Estado, articulado desde el ministerio de Planificación Federal por Julio De Vido” y denunciaron que “junto a la detención de las obras necesarias, existe también una impronta de judicialización de toda la obra pública en general, lo que más allá de algunos casos puntuales, llama poderosamente nuestra atención”.
Junto al diputado nacional Gustavo Arrieta, participaron de la reunión en Roque Pérez, los intendentes Mario Secco, Ensenada; Ricardo Casi, Colón; Germán Lago, Alberti; Néstor Álvarez, Guaminí; Marcelo Santillán, González Chávez; Hugo Corvatta, Saavedra; Roberto Alvarez, Tres Lomas; Francisco Durañona, San Antonio de Areco; Juan Patricio Mussi, Berazategui; Santiago Maggiotti, Navarro; Gustavo Menéndez, Merlo; Eduardo Bucca, Bolívar; Alejandro Acerbo, Daireaux; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Osvaldo Caffaro, Zarate; Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; Hernán Bertellys, Azul; Juan Carlos Veramendi, General Paz; Juan Ustarroz, Mercedes.
También asistieron los diputados provinciales Juan Mussi, César Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Walter Avarca y el senador provincial, Daniel Barrera.
Los referentes locales: Enrique Slezack, Berisso; Gastón Arias, Brandsen; Gustavo Sobrero, Lobos; Ariel Notta, Luján; Raúl Basualdo, San Miguel del Monte; Daniel Di Sabatino, San Vicente; Juan Pablo Anghileri, General Rodríguez; Antonio Delfino, Suipacha; Marta Susana Medici, Alberti; Guillermo Santillán, Olavarría; Jorge Eijo, General Belgrano; Diego Yason, Saladillo; Gerardo Zarandono y Guillermo Gallardo.
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