Debate post electoral: Aldo Ferrer

LA DEMOCRACIA A PRUEBA. EL CONSENSO.

Por Aldo Ferrer

Director Editorial del periodico Buenos Aires Económico

Se advierte un reclamo de la opinión pública acerca de la necesidad de un consenso para resolver los principales problemas existentes, como retenciones, tipo de cambio, régimen impositivo, coparticipación federal de los recursos fiscales, régimen previsional, financiamiento del desarrollo, relaciones con el FMI y los mercados de capitales.
El consenso sobre estas cuestiones es necesario pero sólo posible si se funda en un acuerdo fundacional acerca de la estructura económica necesaria para el desarrollo del país y su inserción dinámica en el orden mundial.
Durante la etapa de la economía primaria exportadora hasta su conclusión con la crisis de la década de 1930 existió un consenso hegemónico según el cual, la base productiva y el vínculo con la división internacional del trabajo se apoyaba en el sector agropecuario.
En ese entonces, el debate económico se refería a la distribución de la riqueza y el ingreso, no a la estructura productiva. No es casual que el período más prolongado de estabilidad institucional y ausencia de repetidos cataclismos económicos, de nuestra historia, abarcara, precisamente, esa etapa, desde la presidencia de Mitre hasta el derrocamiento de Yrigoyen.
Desde entonces hasta la actualidad no se logró establecer un acuerdo definitivo acerca de si es viable una estructura productiva y un posicionamiento internacional fundado en la actividad primaria (la Argentina “granero del mundo”) o, en cambio, que para el desarrollo sustentable con equidad, es preciso formar una economía industrial, integrada y abierta, apoyada en una extraordinaria dotación de recursos naturales y una población de un respetable nivel cultural, capaz de gestionar el conocimiento, incluso los de frontera.
Desde mediados de la década de 1970, en el marco del despliegue de la globalización financiera a escala planetaria, el viejo modelo primario exportador (al fin y al cabo productivista), fundado en la especialización en la producción rural, dio lugar a una nueva visión del país periférico centrada en la dimensión financiera. Esta intromisión especulativa en el modelo liberal configuró el paradigma “neoliberal”.
Desde la década de 1930 en adelante faltó, en la base productiva, una estructura dominante, rural o industrial y, se dio menos aún una estructura integrada agro-industrial como es necesario. Esta ausencia encuadró la puja distributiva entre ambos sectores, y con el resto de la sociedad imprimió una fuerte inestabilidad en el sistema y, sobre todo, provocó su vulnerabilidad a la especulación financiera, que castigó al campo y a la industria.
De este modo, tanto bajo los regímenes de facto como en los constitucionales, la política económica reflejó cambios extraordinarios de orientación.
Esos cambios drásticos de rumbo se sustentaron en alianzas que resultaron transitorias, como la “nacional” del primer peronismo (1946-55) y la “neoliberal” instalada, en la década del ’90, bajo el menemismo. El resultado fue la frustración del desarrollo y la extrema volatilidad e inestabilidad de la economía argentina.
La ausencia de una estructura económica consolidada y, por lo tanto, de un sistema de poder capaz de fundar un consenso hegemónico sobre la orientación a seguir, imprime a la política argentina un fuerte potencial de cambiar el rumbo y afectar la distribución de la riqueza. Situación que no es observable en países con regímenes más sólidos, en los cuales, la estructura necesaria, para la gestión del conocimiento y el desarrollo, está fuera de discusión.
En los mismos, los cambios, producidos por los resultados electorales, imprimen sólo desvíos moderados en las grandes orientaciones de la estrategia económica. Todos los países desarrollados y los emergentes son ejemplos en tal sentido. Entre nuestros vecinos, Brasil y Chile también lo son.
En la Argentina, en cambio, antes, los golpes de Estado, y ahora, los resultados de las elecciones, tienen un fuerte potencial transformador pero, también, de generar inestabilidad y la ilusión de que siempre es posible empezar de nuevo y cambiar todo.
Actualmente, a diferencia de la situación pre 1930, el diferendo fundamental no se refiere a la distribución del ingreso y al problema de la pobreza. La protesta conservadora sobre estas cuestiones es tanto o más estridente que la progresista. El problema es la falta de un consenso dominante sobre la estructura productiva necesaria y posible y se expresa, principalmente, en tres cuestiones fundamentales: la relación campo-industria, el papel del Estado y las relaciones con el resto del mundo.
La cuestión de fondo, sobre la que, en primer lugar, es preciso el consenso, es determinar cuál es la estructura productiva capaz de gestionar el conocimiento y, consecuentemente, de aumentar las inversiones, el empleo y los salarios reales, condiciones necesarias de la equidad distributiva.
Los obstáculos para establecer un consenso hegemónico fundacional sobre la estructura productiva, que permita generar otro sobre la distribución (retenciones, impuestos, etc.) siguen siendo inmensos.
El conflicto del campo con el gobierno volvió a reavivar el debate entre el proyecto integrador y la visión país granero del mundo. La falta de resolución del dilema, que el país arrastra desde sus mismos orígenes, desfigura el tratamiento de los problemas fundamentales de la economía argentina.
Un ejemplo notable y reciente es la discusión sobre las retenciones aplicadas a las exportaciones de productos agropecuarios. Otro es la polémica sobre el tipo de cambio de equilibrio. Sobre estos temas expresé mi opinión en notas anteriores en este mismo espacio.
El mayor obstáculo para generar el consenso hegemónico necesario y posible no radica en la gravitación de los intereses neoliberales ni en las restricciones externas.
El problema de fondo es político y radica en la división de los sectores y actores sociales creadores de riqueza, es decir, la falsa división de las aguas dentro del mismo campo de los intereses nacionales.
Así se frustraron procesos de transformación en el pasado y corre el riesgo, actualmente, de volver a repetir la experiencia. Esta es una severa debilidad subsistente en la densidad nacional.
El mantenimiento de algunas tendencias actuales amenaza con restablecer la vulnerabilidad externa y, a partir de allí, fortalecer la prédica ortodoxa de volver a recurrir a la ayuda internacional, para cerrar la brecha en los pagos externos y recuperar la “confianza”.
Éste sería el punto de partida del regreso al “modelo” neoliberal. Es decir, existe el riesgo de que se establezca, otra vez, un cierto consenso en las antípodas del necesario para el desarrollo con equidad. Sería, por su inviabilidad, efímero, pero sus consecuencias, como lo revela nuestra experiencia, nuevamente fatales.
La única vía realista para generar el consenso necesario y restablecer la confianza es consolidar los equilibrios macroeconómicos del sistema y ratificar que podemos vivir con lo nuestro, abiertos al mundo, en el comando de nuestro propio destino. Sobre esas bases es posible y conveniente participar en los mercados internacionales de crédito sin renunciar a la soberanía. En consecuencia, es imprescindible clarificar las cuestiones en juego, para evitar enfrentamientos injustificables y la falsa división de las aguas. Como vimos, ejemplos emblemáticos son las retenciones y la política cambiaria.
Asimismo, es preciso clarificar el papel del Estado, la aplicación de los recursos del sistema de previsión social y la confiabilidad de las estadísticas oficiales. La insuficiente claridad en el tratamiento de los problemas genera antagonismos entre protagonistas que tienen coincidencias en sus intereses fundamentales.
Después de las recientes elecciones, la capacidad de la democracia, como el único espacio posible para construir el consenso y las alianzas estables para desplegar el desarrollo del país, vuelve a estar a prueba